Dos hombres de una misma familia recibieron severas penas de prisión tras ser hallados culpables de abusar sexualmente de una adolescente de 12 años, quien es hija de uno de ellos y nieta del otro. El Segundo Tribunal Colegiado de La Vega impuso 20 años de cárcel a Raymundo Rosario de la Cruz por violación sexual, mientras que su padre, Pedro Rosario, fue sentenciado a 5 años por agresión sexual.
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La Vega: Justicia Condena a Padre E…
Según el expediente acusatorio, los abusos comenzaron en una finca de Raymundo en Jarabacoa y se prolongaron en distintos puntos del municipio. La menor quedó embarazada como consecuencia de las agresiones y posteriormente dio a luz. En un intento por encubrir el crimen, el condenado ordenó a la víctima mentir, indicándole que debía decir que el padre del niño era un desconocido que había contactado a través de una red social.
El tribunal, integrado por los magistrados Martín de la Mota, Fernando Abreu y Ariella Cedano, dispuso que ambos cumplan sus condenas en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, en La Vega. La sentencia refleja la gravedad de los hechos y la protección que la ley otorga a las víctimas de abuso sexual, especialmente cuando se trata de menores de edad.
Este caso evidencia la vulnerabilidad de niñas y adolescentes ante situaciones de abuso intrafamiliar, donde la confianza y los vínculos familiares son utilizados para perpetrar delitos. Expertos en materia de género y derechos humanos han destacado la importancia de que la justicia actúe con firmeza en estos casos, no solo para sancionar a los responsables, sino también para enviar un mensaje claro a la sociedad sobre la intolerancia frente a este tipo de violencias.
Organizaciones defensoras de la infancia han…
Organizaciones defensoras de la infancia han celebrado la decisión del tribunal, aunque recalcan que el camino hacia la reparación integral para la víctima apenas comienza. El embarazo forzado y el posterior parto en una niña de 12 años representan un impacto físico y psicológico que requerirá atención especializada a largo plazo.
La sentencia también pone de relieve la necesidad de fortalecer las redes de protección infantil y los mecanismos de denuncia, para que casos como este puedan ser detectados y atendidos a tiempo. La comunidad de Jarabacoa, donde ocurrieron los hechos, ha mostrado consternación ante la revelación de este crimen, que sacudió la tranquilidad de un entorno que, en apariencia, parecía seguro para la menor.
Con estas condenas, la justicia dominicana reafirma su compromiso con la erradicación de la violencia sexual contra la infancia, aunque activistas insisten en que el trabajo conjunto entre instituciones, sociedad civil y familias es clave para prevenir futuros casos y garantizar entornos seguros para las niñas y adolescentes del país.
