Un hecho que conmocionó a la opinión pública dominicana ha derivado en una acción legal de gran trascendencia. Una joven identificada como Charlizze Altagracia Hernández Monegro interpuso una querella ante la Fiscalía de Santo Domingo contra el coronel Fausto Madé Ramírez, oficial de la Policía Nacional, acusándolo de agredirla en plena vía pública en el sector de Los Mina, municipio Santo Domingo Este.
madé: Oficial de la Policía Nacional…
El incidente, que quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra al oficial utilizando la fuerza contra la joven en circunstancias que, según los abogados de la querellante, no representaban peligro alguno. La grabación generó amplio rechazo y puso el foco en el uso desproporcionado de la autoridad por parte de un agente del orden.
La querella incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial, argumentando que el coronel actuaba en ejercicio de sus funciones al momento de los hechos. La acción legal se sustenta en varios artículos del Código Penal Dominicano, específicamente los números 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, que tipifican delitos relacionados con agresión, violencia y abuso de autoridad.
La instancia fue depositada en el Departamento de Investigación de Violencia Física (Homicidios) de la Fiscalía, que ahora deberá evaluar la admisibilidad de la querella y determinar si procede la apertura de una investigación formal. Los representantes legales de Hernández Monegro sostienen que la actuación del oficial constituye una violación flagrante de los derechos ciudadanos y un uso indebido del poder institucional.
Este caso ha reavivado el debate…
Este caso ha reavivado el debate sobre el comportamiento de las fuerzas de seguridad y la necesidad de mecanismos de control y rendición de cuentas. Organizaciones de derechos humanos han exigido que el proceso judicial se desarrolle con total transparencia, garantizando que los hechos sean esclarecidos y, de ser necesario, se apliquen las sanciones correspondientes.
El Ministerio Público aún no se ha pronunciado oficialmente sobre los pasos a seguir en este caso, pero la presión social y mediática sugiere que la investigación podría avanzar con celeridad. Mientras tanto, la joven agraviada y sus abogados confían en que la justicia actúe con imparcialidad y que este incidente sirva como precedente para evitar futuros abusos de autoridad.
El desenlace de este proceso podría tener implicaciones significativas en la relación entre la Policía Nacional y la ciudadanía, así como en la confianza de la población en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el orden público.
📰 Fuente: diariolibre.com
