Una resolución que propone aumentar hasta un 50 % las compensaciones de los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas ha desatado una controversia institucional y constitucional. El documento, identificado como ADM-2026-017 y fechado el 13 de marzo de 2026, plantea modificar el "Manual unificado de políticas de compensación, derechos y beneficios del servidor público de la Cámara de Cuentas" bajo el argumento de reconocer "dedicación exclusiva y jornadas extraordinarias".
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La medida, de ser aprobada, tendría carácter retroactivo a febrero de 2026 y afectaría directamente a los actuales integrantes del órgano.
Cámara de Cuentas: Reforma Salarial en la Cámara…
Según reportes de nómina del primer trimestre de 2026, la presidenta de la Cámara de Cuentas devenga 423,500 pesos mensuales, mientras que el vicepresidente y los demás miembros reciben 379,097. 84 pesos cada uno. Sin embargo, una fuente de la institución negó la veracidad del documento que circula en medios de comunicación, asegurando que la realidad es que hubo un aumento de salarios a los empleados que no excluye a los miembros del pleno.
A pesar de que en la página web oficial de la Cámara de Cuentas están publicadas resoluciones con números posteriores, la señalada no aparece en el registro público.
La controversia se profundiza por las implicaciones constitucionales que podría tener la medida. El artículo 140 de la Constitución establece claramente que "ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados". Esto significa que cualquier aumento salarial para los actuales titulares del pleno solo podría aplicarse a partir del próximo período de gestión, lo que convertiría la disposición en cuestión en una posible violación al ordenamiento constitucional vigente.
La Cámara de Cuentas, como organismo…
La Cámara de Cuentas, como organismo encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos, se encuentra en el centro de una paradoja institucional. Mientras debe garantizar transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los fondos del Estado, enfrenta cuestionamientos sobre sus propias prácticas administrativas. La situación ha generado debate entre expertos constitucionalistas y observadores de la gestión pública, quienes señalan que este tipo de controversias erosiona la confianza en las instituciones encargadas de velar por la correcta administración de los recursos del Estado.
La incertidumbre sobre la veracidad del documento y las implicaciones legales que podría tener ha llevado a diferentes sectores a solicitar claridad y transparencia por parte de la dirección de la Cámara de Cuentas. Mientras tanto, la institución deberá enfrentar el escrutinio público y las posibles acciones legales que puedan surgir si se confirma la existencia y aprobación de la resolución en cuestión. El desenlace de este caso tendrá repercusiones no solo para los miembros del pleno actual, sino también para la percepción de independencia y credibilidad del órgano fiscalizador en el sistema democrático dominicano.
