El colapso mortal de la discoteca Jet Set, que en abril del año pasado dejó 236 personas muertas y más de un centenar de heridos, podría enfrentar ahora una redefinición legal. Este lunes, la familia de Johanna Rodríguez presentó una querella que busca cambiar la calificación jurídica del caso de homicidio involuntario a homicidio voluntario contra los imputados Antonio y Maribel Espaillat López.
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Durante la audiencia preliminar, los abogados Juan Tomás Vargas De Camps, Ignacio Miranda Cubilete y Adi Manuel Tapia, actuando en representación de Juan Carlos Rodríguez Martínez, padre de la víctima, argumentaron que los propietarios del establecimiento habrían ordenado intervenciones estructurales sin contar con estudios técnicos, supervisión ni personal calificado. Según la querella, el local continuó operando pese al deterioro progresivo de la estructura, lo que habría puesto en riesgo la vida de los asistentes.
El incidente ocurrió el 8 de abril del año pasado, cuando el techo del local se desplomó durante una noche de fiesta. Entre las víctimas mortales se encontraba Johanna Rodríguez y su esposo, Eduardo Grullón, presidente de AFP Popular. El Ministerio Público tipificó inicialmente los hechos como homicidio involuntario, pero la nueva acusación plantea que los responsables actuaron con pleno conocimiento del riesgo y sin tomar medidas para evitar la catástrofe.
En la misma sesión, otros abogados…
En la misma sesión, otros abogados de víctimas presentaron sus acusaciones particulares, mientras varios se adhirieron formalmente al expediente del Ministerio Público. El proceso es conocido por el juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien escuchó las conclusiones de 80 abogados representantes de las víctimas. La audiencia, que inició a las 10:00 de la mañana, se extendió hasta las 5:20 de la tarde.
El juez decidió recesar la audiencia hasta el próximo lunes 27 de abril a las 10:00 de la mañana, cuando está previsto escuchar a unas 15 partes querellantes adicionales. La solicitud de la familia Rodríguez plantea que los hechos sean conocidos bajo los artículos 195 y 304 del Código Penal, que contemplan penas más severas para quienes actúan con dolo o negligencia grave.
Este cambio en la calificación jurídica podría tener implicaciones significativas para el desarrollo del caso y las eventuales condenas. La audiencia preliminar continúa siendo un espacio clave para que las familias de las víctimas expongan sus argumentos y busquen justicia por una de las tragedias más graves de la historia reciente del país.
