El presidente Luis Abinader ha devuelto al Congreso Nacional el proyecto de ley que autoriza el pago de deudas por obras ejecutadas sin contrato formal, una medida que se produce tras la aprobación del texto en comisiones y con un procedimiento de urgencia. Según reportes de medios nacionales, la propuesta fue aprobada por mayoría legislativa del Partido Revolucionario Moderno (PRM) pero ahora regresa al Congreso para ser sometida nuevamente a análisis.
El proyecto de ley que autoriza el pago de deudas por obras ejecutadas sin contrato formal, a pequeños contratistas y mantenimientos correctivos de escuelas, fue aprobado en la semana pasada bajo un procedimiento de urgencia. El Congreso Nacional ha decidido devolverlo al pleno para revisión y posibles modificaciones.
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Abinader
El presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), Enrique Rosario, afirmó que las observaciones hechas por Abinader son únicamente de forma. Esto significa que el mandatario no ha corregido asuntos de fondo en la propuesta.
Según reportes de medios nacionales, el proyecto fue aprobado sin trabas en el Congreso Nacional con la mayoría legislativa del PRM que cuenta con 130 diputados. El Codia redactó un anteproyecto que incluye más de 571 empresas y beneficiarios a los que el Estado debe pagar por obras ejecutadas desde hace más de 30 años.
El proyecto de ley establece que las obras ejecutadas sin contrato formal deben ser pagadas, mientras que los mantenimientos correctivos solo adeudan contratos al Ministerio de Educación (Minerd). Las entidades públicas que deben más recursos a los contratistas son el Ministerio de Obras Públicas, Vivienda y Edificaciones, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Instituto Nacional de Aguas Potables, Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Junta Central Electoral y Alcaldía del Distrito Nacional.
Entre los contratistas a quienes el Estado debe más dinero por obras ejecutadas se encuentran: Wagner Manuel Mosquea con tres contratos; Arturo Aníbal Rincón con tres contratos; y Miguelina Rincón Santana con dos. Los trabajos incluyen pintura, movimientos de tierra, terminaciones de baños, remodelaciones interiores, reparaciones eléctricas, desmontes, terminación de techos, demoliciones, instalación de canchas y otros correctivos en escuelas de todas las provincias.
El Minerd tiene 1,217 proyectos de mantenimientos correctivos que no ha pagado a 476 contratistas. Los trabajos incluyen pintura, movimientos de tierra, terminaciones de baños, remodelaciones interiores, reparaciones eléctricas, desmontes, terminación de techos, demoliciones, instalación de canchas y otros correctivos en escuelas de todas las provincias.
La aprobación del proyecto de ley sin modificaciones importantes representa un paso crucial para resolver una problemática histórica que ha afectado a decenas de contratistas pequeños y medianos. La decisión de Abinader de devolver el texto al Congreso Nacional abre la puerta a que se realicen cambios en la propuesta, lo cual podría beneficiar aún más a las entidades públicas involucradas.
El impacto social y comunitario es significativo para los contratistas afectados. El pago de estas deudas viejas permitirá a muchas empresas recuperar fondos que han estado esperando durante años. Además, el Minerd podrá finalmente cumplir con sus compromisos hacia las escuelas en todo el país.
El proyecto de ley también tiene implicaciones institucionales importantes para el Congreso Nacional y el Codia. Si se aprueba sin modificaciones, esto podría ser visto como un logro significativo que refuerza la capacidad del Congreso Nacional para aprobar medidas urgentes y efectivas. Por otro lado, si se rechaza o modifica, esto podría generar debate sobre cómo abordar este problema en el futuro.
En conclusión, la aprobación inicial del proyecto de ley sin modificaciones importantes representa un paso significativo hacia una solución para las deudas históricas. La devolución al Congreso Nacional abre la puerta a que se realicen cambios, lo cual podría beneficiar aún más a los contratistas afectados y permitir que el Minerd cumpla con sus compromisos.
El próximo paso será la revisión del proyecto por parte del pleno legislativo, donde las modificaciones podrían ser presentadas. Esto no solo dependerá de la voluntad política sino también de cómo se interprete la ley en términos prácticos y operativos.
Este tema continuará siendo relevante para el sector público y privado, así como para los contratistas afectados, quienes esperarán con ansias una resolución definitiva.
