La promulgación de la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas ha sido seguida con gran atención en el panorama político y administrativo dominicano. El presidente Luis Abinader, durante un acto público de firma del Reglamento de Aplicación e Implementación de esta ley, enfatizó la necesidad de que todas las instituciones gubernamentales ajusten su gestión contractual a este nuevo marco normativo.
El Reglamento de Aplicación e Implementación de la nueva Ley 47-25 entró en vigor ayer tras un plazo de 180 días desde su promulgación. La ley fue aprobada el pasado 28 de julio de 2025 y busca fortalecer la gestión pública al tiempo que garantiza su eficiencia, previsibilidad y confiabilidad.
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Abinader
Durante el acto de firma del reglamento, Abinader explicó que cada ministerio, dirección o órgano público debe ajustar su gestión contractual a este nuevo marco normativo. El presidente subrayó que la reforma no busca obstaculizar la gestión pública sino al contrario, busca hacerla más eficiente y previsible.
El Reglamento de Aplicación e Implementación define con claridad los estándares, plazos y responsabilidades para la ejecución efectiva del nuevo marco normativo. Este documento sirve como guía práctica que permitirá a todas las instituciones gubernamentales adaptarse al nuevo régimen legal.
La implementación de este reglamento representa un paso crucial hacia la modernización y profesionalización de la gestión pública dominicana. La reforma busca fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en las contrataciones públicas, lo que podría tener importantes implicaciones para el funcionamiento eficiente del Estado.
Para los ciudadanos, este cambio representa una mayor certeza en los procesos de contratación pública. Para las instituciones gubernamentales, la adaptación al nuevo marco legal implica un proceso de aprendizaje y ajuste que requerirá tiempo y recursos.
El presidente Luis Abinader ha puesto el acento en la necesidad de una rápida y efectiva implementación del Reglamento de Aplicación e Implementación de la nueva Ley 47-25. Este paso representa un importante hito en el proceso de modernización de la gestión pública dominicana, con potenciales beneficios para la eficiencia y transparencia del Estado.
Conseguir que todas las instituciones gubernamentales ajusten su gestión contractual a este nuevo marco normativo será una tarea desafiante pero crucial. El éxito de esta implementación dependerá en gran medida de cómo se adapten los diferentes actores involucrados y de la capacidad de cumplir con los plazos establecidos.
Esta reforma no solo busca mejorar las contrataciones públicas, sino también fortalecer el sistema de gobierno como un todo. Conforme avance este proceso, será interesante observar cómo se desarrollan estas medidas en el terreno real y qué impacto tendrán en la gestión pública dominicana.
