La construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA) en República Dominicana ha sido un proceso lento y lleno de incertidumbre. El pasado 28 de enero, el presidente Luis Abinader advirtió que si Aerodominicana de Servicios Aéreos (Aerodom), la concesionaria francesa del proyecto, no inicia de forma efectiva la obra, acudirá a instancias legales. Sin embargo, según los términos del contrato de concesión renovado en noviembre de 2023 y vigente hasta 2060, el Estado dominicano se encuentra limitado en sus acciones.
La construcción de la nueva terminal AILA ha sido un proyecto complejo desde su inicio. La inversión total asciende a más de 350 millones de dólares, con Aerodom como principal responsable. El contrato establece que cualquier controversia relacionada con el proyecto se resolverá bajo las reglas del arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en Nueva York, con tres árbitros bilingües (español-inglés) y sin representantes dominicanos o franceses. Esto implica que cualquier demanda por parte del Estado dominicano debe ser llevada a tribunales extranjeros.
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Aerodom
La demora en la construcción de la nueva terminal AILA ha sido un tema recurrente. El contrato establece que Aerodom solo puede enfrentar penalidades si el retraso supera los seis meses. Además, las multas aplicables son calculadas sobre una base de 250 millones de dólares y varían dependiendo del tiempo transcurrido desde la fecha inicial de inicio de obra.
Durante los primeros tres meses, las multas se aplican a razón de un cuarto de millón por día. A partir del cuarto mes, la tasa disminuye a un quinto de millón por día. La penalidad máxima no puede exceder el 6% del monto base, lo que significa que cualquier sanción total rondaría los 15 millones de dólares.
En caso de un retraso irreversible, Aerodom debe presentar una justificación escrita a las autoridades dominicanas dentro de los primeros 15 días desde la ocurrencia del problema. Si no se cumple con este plazo, cualquier solicitud de justificación será desestimada.
El retraso en el proyecto AILA tiene implicaciones significativas tanto para Aerodom como para el gobierno dominicano. Para la empresa francesa, las penalidades pueden representar un importante costo financiero que podría afectar su capacidad de continuar con otros proyectos. Por otro lado, el Estado dominicano enfrenta una situación delicada: mientras espera a que Aerodom inicie efectivamente la obra, no puede tomar medidas legales ante tribunales locales.
Este caso subraya la importancia del cumplimiento contractual y las implicaciones de los contratos de concesión en proyectos estratégicos como el AILA. Además, ilustra cómo las reglas de arbitraje internacional pueden limitar las acciones gubernamentales frente a problemas legales o contractuales.
El proyecto AILA sigue siendo un desafío para Aerodom y el gobierno dominicano. Mientras tanto, la situación requiere una solución que permita al proyecto avanzar sin comprometer los términos del contrato vigente. Las autoridades deben buscar formas de abordar este problema de manera efectiva y equilibrada entre las obligaciones contractuales y la necesidad de cumplir con los plazos establecidos.
Este caso es un ejemplo más de cómo el cumplimiento de contratos puede tener consecuencias significativas para proyectos estratégicos en países como República Dominicana.
