La Fiscalía General del Estado dominicana ha solicitado al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la incautación definitiva de un extenso patrimonio inmobiliario, financiero y vehicular. El proceso judicial por el caso de corrupción administrativa que involucra a la Asociación Campesina Madre Tierra ha llevado a la Fiscalía a pedir la confiscación de bienes valiosos y valorados en miles de millones de dólares.
El Ministerio Público solicitó al Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el decomiso de un patrimonio inmobiliario, financiero y vehicular. La solicitud abarca una finca avícola, ganadera y agropecuaria valorada en 3,856,046 millones de dólares, ubicada en Sabana Grande de Boyá. También se incluye un proyecto residencial en Colina del Oeste con cuatro viviendas familiares y una área común, cuyo valor conjunto asciende a 3,502,004.13 millones de dólares.
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El MP
Además, la solicitud abarca una villa de lujo localizada en Balcones del Atlántico, en Las Terrenas, con un costo de 500,000 dólares. La incautación también incluye una plaza comercial de 44 locales situada en la autopista Duarte, valorada en 92 millones de pesos, y un amplio terreno ubicado en la avenida Charles de Gaulle, en Santo Domingo, con un valor estimado de 123,649,234.02 millones de pesos.
En la provincia Monte Plata, el Ministerio Público pidió decomisar varias propiedades rurales. Entre ellas se encuentra una finca sembrada de piñas en Pueblo Nuevo del distrito municipal Chirino, valorada en 32,256,056 millones de pesos; una finca agrícola ubicada en el tramo carretero Mata Los Indios, en Bella Vista de Guerra, con un valor de 342,040 dólares; y una finca sembrada de cacao localizada en el tramo Los Botados–Camarón, en Hato Viejo de Yamasá, valorada en 265,546 dólares.
Además, se incluye una finca ubicada en la carretera de Las Palmas, esquina Caquelo, en el distrito municipal Río Verde, provincia La Vega, con un valor estimado de 14.4 millones de pesos. A esto se suman más de 25 apartamentos distribuidos entre Santo Domingo, Distrito Nacional, Punta Cana y Santiago de los Caballeros, así como casas residenciales en San Francisco de Macorís, Santo Domingo Oeste y otras demarcaciones.
El expediente también incluye la incautación de unos 70 vehículos, entre camiones de carga, vehículos agrícolas, yipetas, automóviles deportivos, eléctricos y otros vehículos de alta gama. Además, cuentas bancarias y certificados financieros que se encuentran actualmente inmovilizados.
La Asociación Campesina Madre Tierra ha sido acusada de estar detrás de un sistema de corrupción administrativa que implicó la sustracción de más de 4,500 millones de dólares al Estado dominicano. La investigación revela que esta organización campesina operaba desde una finca avícola y ganadera en Sabana Grande de Boyá, donde se producían granos para el mercado interno.
El patrimonio inmobiliario decomisado incluye un proyecto residencial en Colina del Oeste con cuatro viviendas familiares y una área común. Además, la villa de lujo localizada en Balcones del Atlántico, en Las Terrenas, se suma a este patrimonio confiscado.
La incautación también abarca una plaza comercial de 44 locales situada en la autopista Duarte, valorada en 92 millones de pesos. Además, un amplio terreno ubicado en la avenida Charles de Gaulle, en Santo Domingo, con un valor estimado de 123,649,234.02 millones de pesos.
En la provincia Monte Plata, el Ministerio Público pidió decomisar varias propiedades rurales. Entre ellas se encuentra una finca sembrada de piñas en Pueblo Nuevo del distrito municipal Chirino, valorada en 32,256,056 millones de pesos; una finca agrícola ubicada en el tramo carretero Mata Los Indios, en Bella Vista de Guerra, con un valor de 342,040 dólares; y una finca sembrada de cacao localizada en el tramo Los Botados–Camarón, en Hato Viejo de Yamasá, valorada en 265,546 dólares.
Además, se incluye una finca ubicada en la carretera de Las Palmas, esquina Caquelo, en el distrito municipal Río Verde, provincia La Vega, con un valor estimado de 14.4 millones de pesos. A esto se suman más de 25 apartamentos distribuidos entre Santo Domingo, Distrito Nacional, Punta Cana y Santiago de los Caballeros, así como casas residenciales en San Francisco de Macorís, Santo Domingo Oeste y otras demarcaciones.
El expediente también incluye la incautación de unos 70 vehículos, entre camiones de carga, vehículos agrícolas, yipetas, automóviles deportivos, eléctricos y otros vehículos de alta gama. Además, cuentas bancarias y certificados financieros que se encuentran actualmente inmovilizados.
Esta solicitud de decomiso tiene implicaciones significativas tanto para el Estado dominicano como para la sociedad en general. El valor total del patrimonio confiscado asciende a más de 13 mil millones de dólares, lo que representa una pérdida considerable para las arcas públicas.
La Asociación Campesina Madre Tierra ha sido acusada de estar detrás de un sistema de corrupción administrativa que implicó la sustracción de más de 4,500 millones de dólares al Estado dominicano. Esta noticia no solo revela el alcance y magnitud del fraude, sino también las consecuencias económicas para la economía nacional.
El decomiso de este patrimonio inmobiliario, financiero y vehicular tiene un impacto social, comunitario e institucional significativo. La confiscación de estas propiedades y bienes no solo restaura parte del dinero robado al Estado, sino que también sirve como una advertencia para otras organizaciones similares.
El caso de la Asociación Campesina Madre Tierra ha llamado la atención tanto en el ámbito nacional como internacional. La confiscación de este patrimonio inmobiliario y financiero representa un paso crucial hacia la recuperación económica del país, pero también es una oportunidad para que las autoridades dominicanas implementen medidas preventivas para evitar futuras corrupciones.
Este proceso judicial por el caso de corrupción administrativa ha demostrado la importancia de mantener un sistema legal robusto y transparente. La confiscación de este patrimonio inmobiliario, financiero y vehicular no solo restaura parte del dinero robado al Estado, sino que también sirve como una advertencia para otras organizaciones similares.
La recuperación económica del país depende en gran medida de la implementación de medidas preventivas y correctivas. Este caso es un ejemplo de cómo el sistema judicial puede actuar para proteger los intereses del pueblo dominicano y garantizar que las transacciones financieras se realicen de manera honesta.
Este proceso también representa una oportunidad para que las autoridades dominicanas implementen medidas preventivas para evitar futuras corrupciones. La confiscación de este patrimonio inmobiliario, financiero y vehicular no solo restaura parte del dinero robado al Estado, sino que también sirve como una advertencia para otras organizaciones similares.
