La absolución de Rosa Antonia Disla Aza, quien fue condenada a cinco años de prisión por fungir como testaferro de bienes adjudicados a su hijo Rafael Núñez de Aza, ha causado una gran alarma en la comunidad. Este caso, que se remonta a 2025, ha sido un punto de inflexión en la lucha contra el lavado de activos y las prácticas ilícitas.
El juicio principal se llevó a cabo en la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. La sentencia condenatoria fue anulada por los jueces Doris Josefina Pujols Ortiz, Daisy I. Montás Pimentel y Rafael Báez García en septiembre de 2025. Posteriormente, el Tribunal Colegiado del Distrito Nacional absolvió a Rosa Antonia Disla Aza.
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Núñez de Aza
Rosa Antonia Disla Aza fue acusada por fungir como testaferro y beneficiarse económicamente de la propiedad que su hijo Rafael Núñez de Aza recibió. El caso se remonta a 2018, cuando se presentaron cargos contra la madre del coronel Rafael Núñez de Aza.
El abogado Miguel Collado indicó que “el tribunal dictó sentencia absolutoria en favor de la acusada Rosa Disla por mayoría de votos”. Este pronunciamiento ha sido objeto de críticas, con un voto disidente del magistrado Santini que considera que el Ministerio Público no demostró claramente la relación entre la imputada y la propiedad.
Esta absolución representa una victoria para las prácticas ilícitas en la sociedad dominicana. Si Rosa Antonia Disla Aza es absuelta, podría abrir el camino a otras figuras de alto rango que han sido acusadas de lavado de activos y testaferreo.
El Ministerio Público ha manifestado su desacuerdo con esta decisión, señalando que están listos para presentar una apelación. Este caso es un indicador importante del papel que juegan las figuras políticas en la evasión fiscal y el lavado de activos.
La absolución de Rosa Antonia Disla Aza ha causado controversia entre los defensores de la lucha contra el lavado de activos y quienes consideran que este caso no fue tratado con suficiente rigor. El Ministerio Público está listo para presentar una apelación, lo cual permitirá seguir monitoreando esta situación.
Este caso es un ejemplo más de cómo las prácticas ilícitas siguen siendo toleradas en algunos sectores de la sociedad dominicana y requiere medidas urgentes para combatirlas.
