La noticia que ha causado gran impacto en la comunidad educativa dominicana es la destitución del rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Rafael Féliz García, por parte del presidente Luis Abinader. Esta decisión se produce tras una serie de denuncias presentadas por la periodista Nuria Piera en su programa de investigación.
El ITLA, institución educativa importante en el país, ha sido objeto de críticas debido a las acusaciones de comisión política y sobrepago. Féliz García ocupaba el cargo desde julio del 2024, luego de sustituir al anterior rector, Omar Méndez Lluberes. Antes de su nombramiento en el ITLA, Féliz García desempeñó el cargo de ministro de la Juventud entre el 2021 y julio del 2024.
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La remoción de Féliz García se debe a una denuncia presentada por Nuria Piera en su programa de investigación, quien acusó al rector de recibir comisiones a los empleados con mayor salario para fines políticos. Aunque el ITLA negó estas acusaciones, el presidente Abinader decidió destituirlo.
El decreto que autoriza la remoción fue publicado por la Presidencia de la República y establece que la disposición forma parte de las atribuciones del Poder Ejecutivo. Según el artículo 1 del decreto, se ha derogado el artículo 13 del Decreto 390-24, emitido en julio de 2024, mediante el cual Féliz García fue designado como rector del ITLA.
Esta remoción tiene implicaciones significativas para la institución educativa y para las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los órganos de educación superior. La destitución no solo afecta a Féliz García, sino que también cuestiona la integridad de la gestión en el ITLA.
El caso subraya la importancia de transparencia y responsabilidad ética en las instituciones educativas, especialmente aquellas que reciben fondos públicos. Además, abre una discusión sobre cómo los gobiernos deben manejar situaciones como estas para garantizar que sus recursos se utilicen de manera efectiva y transparente.
La destitución del rector del ITLA por parte del presidente Abinader representa un paso importante en la búsqueda de transparencia y responsabilidad en las instituciones educativas. Aunque esta medida puede ser vista como una corrección de errores, también insta a reflexionar sobre cómo deben abordarse situaciones similares en el futuro.
Este caso evidencia que, incluso en entornos académicos, la ética debe estar al frente de todas las acciones y decisiones.
