La audiencia preliminar del caso Jet Set continuó este lunes con un giro decisivo: la familia de Johanna Rodríguez presentó una querella particular solicitando al tribunal variar la calificación jurídica de homicidio involuntario a homicidio voluntario contra los imputados Antonio y Maribel Espaillat López.
caso jet set: La Familia de una de…
La petición se basa en el argumento de que los propietarios del establecimiento habrían ordenado intervenciones estructurales sin contar con estudios técnicos, supervisión ni personal adecuado, y que mantuvieron en funcionamiento el local pese al deterioro progresivo de la estructura. Según los querellantes, estos hechos serían constitutivos de los artículos 195 y 304 del Código Penal, que contemplan penas más severas que las previstas para el homicidio involuntario.
Rodríguez falleció junto a su esposo, Eduardo Grullón, presidente de AFP Popular, durante el colapso del techo de la discoteca ocurrido el 8 de abril del pasado año. El siniestro dejó 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos, convirtiéndose en una de las tragedias más graves de la historia reciente del país.
La querella fue presentada por los abogados Juan Tomás Vargas De Camps, Ignacio Miranda Cubilete y Adi Manuel Tapia, en representación de Juan Carlos Rodríguez Martínez, padre de la víctima. Durante la audiencia, los representantes legales argumentaron que existen suficientes elementos para demostrar que los imputados actuaron con negligencia grave y desprecio por la vida humana.
En la misma jornada, los querellantes particulares presentaron sus acusaciones ante el tribunal, mientras otros se adhirieron formalmente al expediente del Ministerio Público. El proceso es conocido por el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, quien recesó la audiencia hasta el próximo lunes 27 de abril a las 10:00 de la mañana, luego de escuchar las conclusiones de 80 abogados representantes de las víctimas.
La audiencia comenzó a las 10:00…
La audiencia comenzó a las 10:00 de la mañana y se extendió hasta las 5:20 de la tarde. Para la próxima jornada está previsto escuchar a unas 15 partes querellantes adicionales, lo que podría prolongar aún más el proceso.
La solicitud de variar la calificación penal representa un desafío significativo para el tribunal, ya que implica reevaluar toda la evidencia presentada hasta el momento y determinar si los hechos ameritan una tipificación más grave. El Ministerio Público ha mantenido hasta ahora la acusación por homicidio involuntario, argumentando que no existen pruebas suficientes para demostrar la intencionalidad en la muerte de las víctimas.
El resultado de esta audiencia preliminar podría tener implicaciones importantes no solo para los imputados, sino también para el precedente legal en casos de tragedias masivas. Los familiares de las víctimas han manifestado que buscan justicia y que la variación de la calificación penal les daría una mayor sensación de que se ha reconocido la gravedad de los hechos.
Mientras tanto, la sociedad dominicana sigue atenta al desarrollo del caso, que ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad de los propietarios de establecimientos públicos y la necesidad de controles más estrictos en materia de seguridad estructural.
📰 Fuente: diariolibre.com
