Tras décadas de litigios y recursos legales, el pasado martes se hizo efectivo un desalojo en la esquina de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez, un punto estratégico del Distrito Nacional. La intervención se realizó conforme a disposiciones judiciales que reconocen la titularidad plena del inmueble a favor de Rafael Eduardo Selman Hasbún, quien obtuvo la propiedad en 1982 a través de un contrato con varios herederos de la familia Yeara.
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La adquisición, formalizada hace más de cuatro décadas, fue ratificada por el Tribunal Superior de Tierras en 2006, cerrando un proceso de homologación que tomó años. Sin embargo, desde 2004 distintas personas y empresas ocuparon el terreno sin poseer títulos registrados, lo que generó una serie de disputas que se extendieron por más de veinte años.
Los conflictos se ventilaron en diferentes jurisdicciones: inmobiliaria, administrativa y judicial. Instancias como el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, el Tribunal Superior de Tierras, el Tribunal Superior Administrativo y la Suprema Corte de Justicia revisaron el caso en múltiples ocasiones. En todos los casos, las decisiones fueron contundentes: el inmueble pertenece legalmente al señor Selman Hasbún.
La resolución definitiva permitió a las…
La resolución definitiva permitió a las autoridades proceder al desalojo, cumpliendo con lo ordenado por la justicia. El operativo se desarrolló sin mayores incidentes, aunque dejó en evidencia la complejidad de las disputas por la tierra en zonas urbanas de alto valor comercial y la importancia de contar con documentación legal clara y actualizada.
Este caso ilustra cómo los procesos judiciales pueden extenderse por décadas antes de alcanzar una conclusión firme, especialmente cuando están en juego bienes inmuebles en áreas metropolitanas. También pone de relieve la necesidad de que los ocupantes verifiquen la legalidad de sus tenencias para evitar conflictos futuros.
Con el desalojo consumado, el propietario ahora tiene la posibilidad de definir el uso futuro del inmueble, mientras que quienes debieron abandonar el lugar deberán buscar nuevas alternativas. La resolución judicial, aunque tardía, marca el fin de un capítulo de incertidumbre y el inicio de una etapa de claridad legal sobre ese espacio urbano clave.
📰 Fuente: diariolibre.com
