Un operativo policial en el corazón comercial de la capital dominicana ha puesto de relieve las tensiones entre el cumplimiento judicial y los derechos de los ocupantes. El desalojo ejecutado en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, en la plaza conocida como Teleofertas, no fue una acción improvisada, sino el resultado de un proceso legal iniciado por ocupación ilegal de terrenos.
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Teleofertas: Desalojo en Teleofertas Desata Debate…
Según informó la Policía Nacional, la intervención se llevó a cabo con base en una orden judicial respaldada por la Suprema Corte de Justicia y ejecutada con la autorización del Abogado del Estado. El vocero institucional, coronel Diego Pesqueira, presentó la documentación que sustenta la legalidad del procedimiento, incluyendo la resolución emitida el 2 de febrero de 2026 y la sentencia correspondiente. "Estamos actuando en estricto apego al marco constitucional y legal vigente", afirmó Pesqueira, destacando que la medida se fundamenta en el artículo 48, párrafo II, de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, así como en disposiciones de la Ley 396-19.
El operativo generó reacciones encontradas entre los comerciantes y visitantes habituales del lugar, muchos de los cuales desconocían la existencia de un litigio legal sobre la propiedad del terreno. Mientras algunos aplaudieron el restablecimiento del orden y el respeto a la ley, otros cuestionaron el impacto social y económico que la medida podría tener en quienes dependían de ese espacio para su sustento.
Este caso no es aislado
Este caso no es aislado. En los últimos años, el país ha visto un aumento en los procesos de recuperación de terrenos ocupados irregularmente, especialmente en zonas de alto valor comercial. Expertos en derecho inmobiliario señalan que, aunque el marco legal es claro, la aplicación de estas disposiciones requiere un equilibrio entre el respeto a la propiedad y la protección de los derechos de los ocupantes de buena fe.
Las autoridades han reiterado que cualquier desalojo futuro se realizará con pleno respeto a los derechos humanos y bajo el amparo de resoluciones judiciales. Sin embargo, organizaciones civiles han llamado a las instituciones a garantizar procesos transparentes y a brindar alternativas viables a quienes se vean afectados por este tipo de intervenciones.
