La corrupción, el fraude y la acción de la criminalidad organizada representan hoy una amenaza creciente para las economías de todo el mundo. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), estos comportamientos delictivos no solo se han extendido geográficamente, sino que su costo económico se ha disparado en los últimos años.
La institución advierte que, sin sistemas de integridad pública bien diseñados y, sobre todo, aplicados en la práctica, el impacto negativo sobre el crecimiento y la estabilidad financiera seguirá en aumento.
OCDE: La Corrupción y el Fraude…
En su segunda edición de las Perspectivas de Anticorrupción e Integridad, publicada recientemente, la OCDE destaca que el principal desafío actual es la brecha existente entre la proliferación de estrategias anticorrupción y su escasa aplicación efectiva. Aunque muchos países han adoptado marcos normativos más estrictos, la realidad muestra que estas reglas a menudo se quedan en el papel sin traducirse en acciones concretas. Esta desconexión entre norma y práctica es la que permite que la corrupción siga socavando el desarrollo económico y social.
En los 37 países miembros de la OCDE, el nivel de solidez global de las reglas anticorrupción alcanza el 63% con respecto al estándar ideal, pero su aplicación práctica se reduce al 44%. Esta diferencia de casi 20 puntos porcentuales evidencia que, aun contando con marcos legales avanzados, la ejecución sigue siendo insuficiente. La situación es similar en los 25 países socios analizados, entre los que se incluyen nueve naciones latinoamericanas: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Allí, el cumplimiento normativo llega al 66%, pero la aplicación real apenas supera el 40%.
La OCDE insiste en que diseñar…
La OCDE insiste en que diseñar sistemas de integridad pública no basta con aprobar leyes o crear instituciones anticorrupción. Es fundamental que estos mecanismos funcionen de manera coordinada y que exista voluntad política para aplicarlos sin excepciones. Además, se requiere fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana para cerrar los espacios que la corrupción aprovecha.
Solo así se podrá reducir el costo económico asociado a estas prácticas ilegales, que incluye pérdida de inversión, distorsión de mercados y debilitamiento de la confianza institucional.
El informe también subraya que la corrupción no solo afecta a la esfera pública, sino que se extiende al sector privado a través del fraude y la evasión fiscal. Estos delitos erosionan la base imponible, reducen los recursos disponibles para políticas sociales y crean ventajas competitivas desleales. En un contexto de recuperación económica global, combatir la corrupción se vuelve indispensable para garantizar que el crecimiento sea inclusivo y sostenible.
La OCDE hace un llamado a gobiernos, empresas y sociedad civil a trabajar juntos para cerrar la brecha entre normas y hechos.
Mirando hacia el futuro, la institución considera que el desafío no es solo normativo, sino cultural. Cambiar las prácticas arraigadas de corrupción requiere tiempo, educación y, sobre todo, liderazgo ético. Los países que logren alinear sus marcos legales con una aplicación efectiva y transparente estarán mejor posicionados para atraer inversión, fomentar la innovación y mejorar el bienestar de sus ciudadanos.
La lucha contra la corrupción no es solo un imperativo legal, sino una condición para el progreso económico y social en el siglo XXI.
📰 Fuente: diariolibre.com
