La situación judicial en el caso Barra Payán ha adquirido una nueva dimensión con la recusación de la jueza Fátima Veloz. Esta medida, que busca retrasar el proceso penal contra los imputados, ha generado controversia y debate entre las partes involucradas.
El presunto desfalco en el negocio de comida Barra Payán ha llevado a la detención de tres individuos: los hermanos Marcos y Juan Ismael Frías García, junto con Dagoberto Cabrera, un financiero. El caso se encuentra bajo la supervisión del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
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Barra Payán
Los imputados fueron arrestados el pasado jueves. Francisco Domínguez Abreu, uno de los abogados de los imputados, explicó que un abogado de la parte acusadora recusó a la jueza Fátima Veloz por “dignarse a escuchar un pedimento de prescripción” planteado por la barra de la defensa. Esta recusación busca retrasar el proceso e incluso apartar a la jueza del caso, argumentando razones que podrían afectar su imparcialidad.
El Ministerio Público solicitó la libertad de los imputados mediante una compañía aseguradora con una garantía económica de un millón de pesos. Sin embargo, esta solicitud ha sido puesta en pausa mientras se resuelve la recusación presentada por la parte acusadora.
Esta situación judicial subraya los desafíos que enfrentan las autoridades judiciales cuando se trata de casos complejos y conflictivos. La recusación de una jueza puede tener consecuencias significativas para el curso del proceso penal, posponiendo decisiones cruciales hasta que la corte de apelación decida sobre la solicitud.
El caso también ilustra los mecanismos de control judicial y cómo las partes involucradas pueden intentar retrasar o desestabilizar un juicio. Los implicados en el desfalco siguen bajo custodia, mientras que las autoridades esperan una decisión final sobre la recusación.
La situación actual en el caso Barra Payán es de gran relevancia para los intereses legales y económicos involucrados. Mientras tanto, se espera un pronunciamiento de la corte de apelación que podría cambiar drásticamente el curso del proceso penal.
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