Un tribunal de La Vega impuso penas de 20 y 5 años de prisión a dos hombres, padre e hijo, por violar y abusar sexualmente de una menor de edad, hija y nieta de los condenados. La sentencia busca poner fin a un caso que expuso la vulnerabilidad de una niña de 12 años y la complicidad familiar que prolongó su sufrimiento.
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La Vega: Violación y Abuso en Familia:…
Raymundo Rosario de la Cruz fue condenado a 20 años de prisión por violación sexual agravada, mientras que su padre, Pedro Rosario, recibió 5 años por agresión sexual. El Segundo Tribunal Colegiado de La Vega, integrado por los magistrados Martín de la Mota, Fernando Abreu y Ariella Cedano, ordenó que ambos cumplan sus penas en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito.
Según el expediente, los abusos comenzaron en una finca propiedad de Raymundo en Jarabacoa y se extendieron a otros puntos del municipio. La víctima quedó embarazada y dio a luz como consecuencia de las agresiones. En un intento por ocultar el crimen, el condenado instruyó a la menor para que mintiera, exigiéndole que dijera que el padre del bebé era un desconocido conocido a través de redes sociales.
El caso revela una trama de…
El caso revela una trama de abuso intrafamiliar que incluyó manipulación psicológica y coerción. La decisión judicial subraya la gravedad de los hechos y el daño irreversible causado a la víctima, quien debió enfrentar un embarazo a una edad en la que aún se encontraba en pleno desarrollo físico y emocional.
La pena impuesta envía un mensaje sobre la intolerancia judicial ante este tipo de delitos, especialmente cuando se trata de menores de edad y cuando el agresor forma parte del entorno familiar más cercano. La condena también refleja la importancia de que los sistemas de justicia actúen con firmeza ante casos de violencia sexual intrafamiliar, donde el silencio y la negación suelen ser las primeras barreras para la protección de la víctima.
Ambos condenados deberán cumplir sus penas en un centro penitenciario de La Vega, donde enfrentarán el proceso de rehabilitación que establece la ley. Mientras tanto, la víctima y su familia deberán recibir acompañamiento psicológico y legal para afrontar las secuelas de un caso que conmocionó a la comunidad y que ahora queda en manos de la justicia para garantizar que no quede impune.
