El cuartel policial del distrito municipal El Limón, ubicado en el municipio de Villa González, provincia Santiago, fue objeto de disturbios el pasado 7 de diciembre de 2025. En respuesta a estos hechos, cuatro individuos fueron acusados por asociación de malhechores y dastrucción de propiedad pública. Sin embargo, tras una revisión judicial amparada en el artículo 230 del Código Procesal Penal, la medida cautelar que inicialmente les fue impuesta (prisión preventiva) ha sido modificada a medidas menos gravosas.
Los disturbios ocurrieron durante una protesta que terminó con daños significativos a las instalaciones policiales. La defensa de los cuatro imputados, Bartolo Santos Salas, Juan Danilo Santos Álvarez (alias Puerco), Aneudy Jiménez Suero y José Ramón Toribio Álvarez (alias Ramón) presentó una defensa que llevó a la revisión judicial. Según reportes de medios nacionales, el juez de la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente de Santiago dictaminó inicialmente prisión preventiva para los imputados en diciembre pasado.
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Amén
La medida cautelar fue sustituida por medidas menos gravosas conforme a los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 230 del Código Procesal Penal. La defensa argumentó que no se cumplían los presupuestos legales para mantener la privación de libertad. El abogado Carlos Alberto Álvarez explicó que esta modificación fue una respuesta a la revisión judicial, donde el juez consideró que las circunstancias del caso permitían medidas alternativas.
La decisión de modificar la medida cautelar de prisión preventiva por otras menos gravosas tiene implicaciones significativas para la situación en El Limón. Esta modificación sugiere una apertura hacia un proceso judicial más gradual, lo que puede permitir a las autoridades monitorear y evaluar el comportamiento de los imputados sin privarlos completamente de su libertad.
Este caso también subraya la importancia de una revisión constante en casos de disturbios públicos. La modificación de medidas cautelares muestra cómo la justicia puede adaptarse a las circunstancias cambiantes, permitiendo que se evalúen y ajusten las condiciones bajo las cuales los imputados permanecen detenidos.
La modificación de la medida cautelar en este caso representa un paso hacia una mayor flexibilidad en el sistema judicial. Mientras tanto, el proceso judicial continúa con la esperanza de que estos individuos puedan ser procesados y juzgados sin privación absoluta de su libertad.
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