Lo que comenzó como una alternativa cómoda para viajeros se ha convertido en un riesgo creciente para residentes y turistas en República Dominicana. Sin regulaciones claras, los alojamientos temporales se multiplican en zonas residenciales, generando preocupación entre vecinos y propietarios que buscan preservar la tranquilidad de sus comunidades.
Airbnb: La Amenaza Silenciosa Detrás de…
En barrios como Piantini, en el Distrito Nacional, la proliferación de este tipo de arrendamientos ha llevado a algunos edificios a advertir explícitamente en sus anuncios: "No se permite Airbnb ni alquileres de corta estancia". Estos mensajes, que antes eran excepcionales, ahora se promocionan como una ventaja, destacando la estabilidad y el ambiente familiar que ofrecen frente al vaivén constante de huéspedes temporales. Constructoras e inmobiliarias han incorporado esta restricción como un valor agregado en sus ofertas de vivienda, respondiendo a la demanda de residentes que prefieren entornos más seguros y predecibles.
El problema radica en que el país carece de protocolos de supervisión, seguridad y fiscalización adecuada para este modelo de negocio. Esta ausencia de control expone a los huéspedes a potenciales riesgos, como lo demuestra un caso que conmocionó al país. En diciembre del 2023, el ítalo-colombiano Michael Saba asesinó a la venezolana Yenny Carolina Pérez en un apartamento alquilado en Piantini a través de Airbnb.
La investigación reveló que el agresor eligió esa modalidad para cometer el crimen, aprovechando la falta de controles y la facilidad con que se pueden obtener este tipo de alojamientos sin mayores requisitos. El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional lo condenó a 30 años de prisión, considerando la premeditación evidenciada en su elección del lugar.
Expertos en seguridad y desarrollo urbano…
Expertos en seguridad y desarrollo urbano señalan que la expansión descontrolada de los alquileres vacacionales no solo afecta la convivencia vecinal, sino que también puede facilitar actividades delictivas. La rotación constante de personas en un mismo inmueble dificulta la identificación de comportamientos sospechosos y reduce la capacidad de las comunidades para mantener entornos seguros. Además, la falta de regulación impide que las autoridades tengan un registro claro de quiénes ocupan estos espacios y con qué propósitos.
Mientras tanto, la demanda de viviendas libres de este tipo de arrendamientos sigue creciendo. Muchos residentes valoran cada vez más la estabilidad y la previsibilidad que ofrecen los edificios con restricciones explícitas. Esta tendencia refleja una búsqueda de protección ante los riesgos asociados a la masificación de los alquileres temporales, en un contexto donde el marco legal aún no logra poner límites claros a esta práctica.
La necesidad de una regulación integral se hace cada vez más urgente. Tanto para proteger a los turistas como a los residentes, el país requiere protocolos que garanticen la seguridad en este tipo de alojamientos, sin frenar por completo una actividad que ha demostrado ser atractiva para el sector turístico. El desafío está en encontrar un equilibrio que permita el desarrollo ordenado de este mercado, preservando al mismo tiempo la seguridad y la calidad de vida de las comunidades afectadas.
📰 Fuente: diariolibre.com
