La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) del Ministerio Público solicitó este jueves penas que oscilan entre 5 y 20 años de prisión, así como multas millonarias y el decomiso de bienes e instituciones a militares y policías acusados de corrupción administrativa. Según la acusación, estos individuos se apropiaron de más de 4,500 millones al Estado dominicano.
El caso ha sido presentado ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. La Procuradora Mirna Ortiz presidió la audiencia en la que los fiscales encabezados por ella solicitaron penas severas a varios individuos acusados de liderar una red de corrupción administrativa.
LEER MÁS DETALLES
el mp
Los imputados incluyen generales, coronel, capitán y cabo policías. Entre ellos se encuentran Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola, Rafael Núñez de Aza, Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores, Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco. También se involucra Yehudy Guzmán Alcántara, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Epifanio Peña Lebrón, Lucía de los Santos Viola, Manuel de Jesús Alba Solano, Elida María Trinidad Santiago, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Raymel Pastor del Rosario Viola, Onoris Beatriz Soto de los Santos, Eric Daniel Perey Núñez y Santiago Antonio Suárez Peguero. Además, se mencionan Esmeralda Ortega Polanco y el sargento Alejandro José Montero Cruz.
Este caso representa un golpe directo al sistema de seguridad pública dominicano y a la corrupción administrativa que ha afectado gravemente al Estado. La red de corrupción involucra altos cargos militares y policías, lo que sugiere una estructura organizada y bien planeada. El impacto social es significativo ya que se estima que más de 4,500 millones han sido sustraídos del presupuesto nacional.
La implicación institucional es abrumadora, ya que los imputados podrían ser despojados de sus cargos y bienes. Además, la disolución de las empresas e instituciones involucradas podría tener consecuencias significativas para el sistema económico dominicano. La corrupción administrativa no solo afecta a las arcas públicas sino que también socava la confianza en los sistemas de seguridad pública y gobierno.
Este caso es un llamado a revisar más profundamente las estructuras de control y transparencia dentro del sistema de seguridad pública dominicano. Esperamos que esta medida sea solo el primer paso en una serie de acciones para erradicar la corrupción y restituir los recursos robados al Estado.
—
Fuente: Ministerio Público, Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca)
