En un escenario donde la comunicación pública se ha convertido en una herramienta de distracción, el énfasis en las deportaciones de haitianos a través del Gobierno dominicano ha generado preocupación internacional y debilitado la imagen del país. Según reportes de medios nacionales, desde que asumió el poder Luis Abinader, la Dirección General de Migración ha presentado cifras de deportaciones como logros institucionales, pero estas estrategias han resultado en una percepción negativa y cuestionamientos a nivel internacional.
El presidente dominicano Luis Abinader ha adoptado un enfoque poco común para gestionar la política migratoria: enfocándose en cifras de deportaciones de haitianos, quienes representan el 90% del total de personas expulsadas. Esta estrategia, aunque vista como exitosa interna, ha generado críticas y cuestionamientos por su falta de transparencia y responsabilidad.
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Haití
La Dirección General de Migración ha presentado regularmente balances de deportaciones a través de sus canales oficiales. Estos informes se han utilizado para justificar las políticas migratorias del gobierno, pero no han sido suficientemente acompañados por una gestión integral que aborde otros aspectos importantes como la lucha contra el tráfico de personas y la protección de derechos humanos.
Las deportaciones han sido vistas como un logro institucional, especialmente en un contexto donde se ha instalado un sentimiento antihaitiano. Sin embargo, esta estrategia ha llevado a una percepción errónea de que los únicos extranjeros en condición de ilegalidad son los haitianos. Esta focalización selectiva ha generado críticas y ha debilitado la posición del país ante organismos internacionales.
La política migratoria dominicana, enfocada casi exclusivamente en las deportaciones, ha resultado en una imagen deficiente tanto a nivel interno como internacional. La República Dominicana se ve perjudicada por su percepción de criminalización de la pobreza y vulnerabilidad humana, lo que refuerza críticas y desconfianzas hacia el país.
El impacto social es notorio: las deportaciones han sido percibidas como una medida injusta y discriminatoria. Esta estrategia ha llevado a un costo político significativo, especialmente en términos de credibilidad internacional y en la capacidad del gobierno para liderar soluciones regionales al problema haitiano.
La verdadera defensa de la soberanía no se mide en cifras infladas de deportaciones. Es necesario que el país adopte una gestión integral, transparente y coherente con los compromisos internacionales suscritos. Una estrategia responsable puede reforzar la imagen del Estado como un actor serio y comprometido con la convivencia y el respeto.
La persistencia en esta política de deportaciones, sin cambios significativos, podría llevar a una deterioración aún mayor de la posición internacional del país. La República Dominicana tiene la oportunidad de presentarse como promotor de soluciones regionales basadas en la cooperación solidaria, lo que sería un paso hacia mejorar su imagen y fortalecer su liderazgo en el escenario internacional.
