La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó hoy la apelación interpuesta por Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y otros seis imputados acusados de presunta corrupción administrativa. La decisión confirma que todos continuarán cumpliendo prisión preventiva por un período de 18 meses.
La apelación se presentó en contra de la medida cautelar impuesta por el juez de primera instancia, quien había decidido mantener a los imputados bajo prisión preventiva. Esta decisión fue tomada en base al alegado fraude a la Administración Regional de Salud (ARS) estatal, estimado en más de 15,900 millones de pesos según informó el Ministerio Público.
LEER MÁS DETALLES
Santiago Hazim
Los imputados incluyen a Santiago Hazim, quien ocupaba el cargo de exdirector del Seguro Nacional de Salud desde 2016 hasta su renuncia en 2021. La investigación se centró en supuestos pagos irregulares y malversación de fondos relacionados con la administración de recursos públicos destinados a salud.
La audiencia, que duró aproximadamente una hora, se llevó a cabo el jueves por la madrugada. El fallo fue leído al término de la misma, confirmando las medidas cautelares impuestas inicialmente. Esta decisión no solo ratifica la responsabilidad penal de los imputados sino también subraya la severidad con que se aborda la corrupción administrativa en el sector público.
La sentencia representa un duro golpe para los exfuncionarios involucrados, quienes ahora enfrentan una prolongada estancia en prisión preventiva. Este caso es parte de una serie de investigaciones que han sacudido al sector público dominicano, evidenciando la persistente problemática de corrupción y malversación de fondos.
El impacto social de este caso se extiende no solo a los individuos involucrados sino también a las comunidades afectadas por la ARS estatal. La falta de transparencia en el manejo de recursos públicos puede tener consecuencias significativas para el acceso y calidad del sistema de salud, especialmente en áreas rurales o marginadas.
Este caso también tiene implicaciones institucionales, ya que subraya las debilidades en los sistemas de control interno y la necesidad de mejorar las medidas preventivas contra la corrupción. La decisión de mantener a los imputados bajo prisión preventiva es una señal clara de que el sistema judicial dominicano está dispuesto a perseguir a quienes incumplen con sus deberes públicos.
La decisión de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirma la responsabilidad penal de los exfuncionarios involucrados en el presunto fraude a la ARS estatal. Este caso es un recordatorio constante de las consecuencias que enfrentan quienes se ven involucrados en prácticas corruptas, mientras que también subraya la importancia del fortalecimiento de los sistemas de control y transparencia en el sector público.
El sistema judicial dominicano sigue avanzando en su compromiso con la lucha contra la corrupción, pero queda claro que aún hay mucho trabajo por hacer para garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos públicos.
