El proceso involucra al exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, mayor general Adán Cáceres Silvestre, al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, Juan Carlos Torres Robiou, y a otros oficiales de rango de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La acusación del Ministerio Público sostiene que los imputados habrían creado una red para desviar fondos públicos y ocultar propiedades a través de testaferros, entre ellas la Asociación Campesina Madre Tierra, valorada en más de 3.
8 millones de dólares y dotada de modernas instalaciones avícolas y cultivos.
Adán Cáceres: La Esperada Resolución del Juicio…
Durante la última audiencia, Cáceres rechazó categóricamente las imputaciones. Afirmó que nunca actuó como propietario de los bienes que se le atribuyen y que todos sus activos declarados constan en su declaración jurada de patrimonio. "Las propiedades que los acusadores dicen que son mías, yo no me he comportado como dueño de ellas.
Lo que es mío lo he declarado", sostuvo el oficial, quien además negó haber recibido un solo centavo de la asociación Madre Tierra. También defendió la gestión de los fondos de inteligencia del Cusep, asegurando que su administración fue correcta y transparente, en contra de lo alegado por la fiscalía.
El general insistió en que sus compañeros de proceso, como Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista, nunca se apropiaron de recursos del organismo, y que las pruebas presentadas no demuestran lo contrario. Su estrategia de defensa se centró en desmontar la tesis de la acusación sobre la existencia de una estructura criminal y en cuestionar la solidez de las pruebas financieras y patrimoniales presentadas.
Este caso ha mantenido en vilo a la opinión pública por el nivel de los implicados y las implicaciones institucionales. La lectura de la sentencia no solo definirá el futuro de los acusados, sino que también sentará un precedente sobre el control y la transparencia en el manejo de recursos de cuerpos de seguridad de alto rango. Mientras tanto, el Ministerio Público mantiene su posición y confía en que las pruebas reunidas serán suficientes para obtener condenas.
El país aguarda ahora la decisión del tribunal, consciente de que el fallo podría tener repercusiones más allá de los tribunales.
📰 Fuente: diariolibre.com
