La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago ha programado para el próximo miércoles 22 de abril de 2026 la audiencia en la que se conocerá la solicitud de medida de coerción contra siete hombres acusados de participar en el asesinato de un trabajador de limpieza. El caso, que conmocionó a la comunidad, involucra la muerte violenta de Deivy Carlos Abreu Quezada, un chofer de camión recolector de basura que perdió la vida tras ser atacado con armas blancas mientras cumplía con sus labores el viernes 17 de abril.
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Según informes del Ministerio Público, los imputados habrían confrontado a la víctima en un incidente que terminó en tragedia. Las autoridades han identificado a los acusados como Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz. El órgano acusador ha solicitado que se les imponga prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial.
El crimen ha generado preocupación entre los trabajadores del sector de limpieza municipal, quienes denuncian que este tipo de agresiones se ha vuelto cada vez más frecuente en las calles de Santiago. Vecinos del sector donde ocurrió el incidente relataron que escucharon gritos y ruidos de pelea antes de encontrar a la víctima herida de gravedad. A pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, Abreu Quezada falleció a causa de las múltiples heridas provocadas por arma blanca.
Este caso ha puesto de relieve…
Este caso ha puesto de relieve las condiciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan diariamente los trabajadores de servicios públicos en áreas urbanas. Organizaciones sindicales han exigido mayores medidas de protección para este sector, argumentando que la falta de seguridad adecuada pone en riesgo no solo sus vidas, sino también la continuidad de servicios esenciales para la comunidad. El incidente ha generado un debate sobre la necesidad de implementar protocolos de seguridad más estrictos para los empleados que laboran en horarios nocturnos o en zonas consideradas de alto riesgo.
Mientras la comunidad espera el desarrollo de la audiencia judicial, las autoridades han reforzado la vigilancia en áreas donde operan los servicios de limpieza. El resultado de este proceso judicial podría sentar un precedente importante en la forma en que se abordan los delitos contra trabajadores del servicio público. La sociedad civil permanece atenta a los acontecimientos, esperando que se haga justicia y que se implementen medidas que eviten que tragedias como esta se repitan en el futuro.
